Lima (EFE).- Un juez peruano dictó 36 meses de prisión preventiva para Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, quien es investigado por la Fiscalía por presuntamente liderar una red criminal que buscaba “perpetuarse en el poder y continuar con el control del aparato estatal”.
El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, tomó esta decisión en el caso denominado ‘Los Waykis (amigos) en la sombra’, abierto por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias.
Los motivos de la detención del hermano de Boluarte
Al argumentar su decisión sobre el pedido fiscal, el magistrado consideró que Nicanor Boluarte, quien no estuvo presente en la sala de audiencias, tendría facilidad para salir del país, debido a su condición de hermano de la presidenta, además de descartar que tenga arraigo laboral y domiciliario, tal como argumentó la defensa.
Agregó que se trata de una medida “idónea que servirá para evitar que fugue o perturbe la actividad probatoria” y por su presunta condición de líder de una red criminal que intervino en la designación de prefectos y subprefectos (autoridades administrativas en las regiones del país) para contar con su ayuda para formar un partido político.
Nicanor no estuvo en la sesión
Al inicio de la audiencia de este martes, el abogado de Boluarte, Luis Vivanco, informó que el investigado no se encontraba en el tribunal, a pesar de que el juez convocó a una sesión presencial, tras haber realizado las dos anteriores de manera virtual.
El juez Concepción Carhuancho desarrolló los argumentos de su resolución a lo largo de tres jornadas, con más de diez horas de duración en cada caso, en los que concluyó “que los hechos imputados si tendrían connotación criminal”.
El domingo pasado, al comenzar a leer su resolución, declaró inaplicables las leyes 32108 y 32138, aprobadas recientemente por el Congreso para modificar los criterios del delito de crimen organizado, y anunció que seguiría la ley “que estuvo vigente cuando se presentó el requerimiento de prisión preventiva”.
“Se cumplen los requisitos para aplicar el control difuso”, afirmó tras señalar que la llamada ‘ley del crimen organizado’ contraviene “derechos fundamentales a la tranquilidad y seguridad de las personas”, por lo que va contra la Constitución peruana y los tratados internacionales suscritos por Perú.
Los detalles del caso
En esta investigación también se ha comprendido a Boluarte, a Mateo Castañeda, exabogado de la mandataria, y a otras personas por presuntamente haber intervenido en la designación de prefectos y subprefectos en el país, los representantes de confianza del Ejecutivo en las distintas regiones del país.
Durante las audiencias del caso, el Ministerio Público argumento su solicitud en el testimonio de un amigo de los Boluarte, Víctor Torres, quien aseguró que el hermano de la jefa de Estado actuaba como el “poder en la sombra” en el actual gobierno.
El pasado 12 de noviembre, la Fiscalía ratificó ante el tribunal que Nicanor Boluarte daba directrices para la designación de prefectos y subprefectos en Lima y en las regiones de San Martín, Cajamarca, Apurímac, Cuzco, Puno, Ica y Junín.
En la audiencia de este martes, el juez también dictó 36 meses de prisión preventiva para el exjefe de la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior, Jorge Luis Ortiz, de Jorge Chingay y de Zenovia Griselda Herrera.
También informó que el próximo viernes dará a conocer su fallo respecto al pedido fiscal de también imponer 36 meses de prisión preventiva al abogado Castañeda y el exprefecto de la ciudad Cajamarca Noriel Chingay.
Al término de la sesión, las defensas de los cuatros imputados anunciaron que interpondrán recursos de apelación, que deberán ser resueltos posteriormente por un tribunal superior.