Washington (EFE).- La Casa Blanca explicó este martes que está estudiando la legalidad de deportar a ciudadanos estadounidenses que cometan crímenes graves a la megacárcel para pandilleros del presidente Nayib Bukele, en El Salvador, a la que ya han sido enviados decenas de migrantes expulsados de Estados Unidos.
Así lo afirmó la portavoz del Ejecutivo, Karoline Leavitt, el día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, expresara durante una reunión en el Despacho Oval con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, su deseo de encerrar también en esa prisión a estadounidenses.
«Es una cuestión legal que el presidente está analizando. Solo lo consideraría, si fuera legal, para los estadounidenses más violentos, atroces y reincidentes, a quienes nadie quiere que vivan en sus comunidades», afirmó Leavitt.

El lunes ante Bukele, Trump expresó su deseo de «ir un paso más allá» y enviar al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador no solo a migrantes supuestamente criminales sino también a estadounidenses.
«No sé cuáles son las leyes, pero también tenemos criminales locales y me gustaría incluirlos en el grupo de gente que sacamos de este país», dijo.
El envío de estadounidenses a la megacárcel de Bukele
No es la primera vez que el republicano habla de expulsar a ciudadanos estadounidenses a la megacárcel de Bukele en El Salvador, algo que han rechazado expertos legales y defensores de los derechos civiles en el país.
La idea la planteó Bukele en febrero pasado durante una visita del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, a El Salvador.
Trump y Bukele descartan el regreso del migrante enviado por error a la megacárcel salvadoreña
El mandatario centroamericano ofreció el Cecot, cuyas condiciones internas las han criticado organizaciones de derechos humanos, para albergar a personas que cometan crímenes en Estados Unidos, tanto extranjeros como ciudadanos estadounidenses.
El pasado 15 de marzo, la Administración de Trump envió al Cecot, sin proceso judicial previo, a 238 venezolanos y 23 salvadoreños a los que acusa de ser miembros de los grupos criminales del Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13).