São Paulo (EFE).- Brasil registró el año pasado 2.185 episodios de violencia en zonas rurales, la segunda cifra más alta desde 1985, aunque mostró un fuerte descenso de los asesinatos vinculados a este tipo de conflictos, según un informe divulgado este miércoles.
El estudio, elaborado por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), organismo vinculado al Episcopado brasileño, indica que el número de conflictos en el campo se mantuvo en cotas altas en 2024, ya que apenas bajó un 2,9 % con respecto al récord de 2023 (2.250).
Las disputas por tierra, que incluyen amenazas, desalojos, destrucción de casas, tráfico de armas y apropiación de propiedades, entre otras manifestaciones, ascendieron a 1.768 el año pasado en el país sudamericano, alcanzando su nivel más alto de la última década.
Los conflictos asociados al uso masivo e indiscriminado de pesticidas se dispararon en el último año, dando como resultado 17.027 familias afectadas.
Además de la tierra, la violencia por la propiedad del agua empieza a ganar fuerza. Este tipo de casos crecieron un 16 % en relación a 2023 y alcanzaron su mayor nivel de los últimos cinco años.
Alerta por milicias rurales
La Comisión Pastoral de la Tierra alertó en su reporte de la aparición de milicias formadas por productores rurales y dedicadas a hostigar, intimidar y violentar a familias asentadas en campamentos u ocupaciones.
Citó como ejemplo el movimiento ‘Invasão Zero’, fundado en el estado de Bahía (noreste) y el cual está integrado por «grandes hacendados y propietarios de tierras».
El grupo, además de ejercer la violencia contra cualquier tipo de ocupación, «también influye en las asambleas legislativas» del país al «promover proyectos de ley que criminalizan las acciones y los movimientos de lucha por la tierra».
El informe apunta que ‘Invasão Zero’ está detrás del asesinato de Maria Fátima Muniz de Andrade, popularmente conocida como Nega Pataxó, cometido supuestamente por un hacendado miembro de la milicia, con el apoyo de agentes policiales.
A pesar del caso de Nega Pataxó, el número de asesinatos vinculados a la violencia en el campo cayó en Brasil de 31, en 2023, a 13 en 2024, que coincide con el segundo año de mandato del presidente progresista Luiz Inácio Lula da Silva. La organización señaló que los indígenas continúan siendo las principales víctimas.