Buenos Aires (EFE).- El Gobierno de Argentina, presidido por Javier Milei, eliminó este miércoles la obligatoriedad de que el Estado contrate servicios de empresas públicas, una medida que llega en medio de la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de seguros que afecta al expresidente Alberto Fernández (2019-2023).
El decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial deroga, entre otras disposiciones, el firmado por Fernández en diciembre de 2021 que consagró la obligación de que el sector público contrate las pólizas de seguros mediante la empresa Nación Seguros, que es parte del estatal Grupo Banco Nación.
A Fernández se le imputó en febrero pasado por la contratación de seguros por organismos públicos durante su Gobierno y ahora se le investiga por presuntas irregularidades en torno al decreto recién derogado, por el que se habrían beneficiado amigos del exmandatario como intermediarios cobrando millonarias comisiones.
Pese a no necesitar gestores para contratar esos seguros, los organismos públicos utilizaron de intermediario a Héctor Martínez Sosa, amigo suyo y esposo de su secretaria, María Cantero, y quien, además, figura como acreedor del expresidente en sus declaraciones juradas.
Milei apunta a varios decretos
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, recalcó este miércoles en su cuenta de X que se deroga el “nefasto” decreto “que obligaba a comprarle los seguros a Nación Seguros. Tan grotesco era el sistema que se contrataba a un ‘broker’ para que logre una contratación que era obligatoria por ley”.
Sturzenegger también destacó la derogación de otros tres decretos que eliminan “privilegios” para empresas, al indicar que “las empresas públicas deben servir a los ciudadanos y no servirse de ellos”. “Si estos privilegios a su vez servían para anidar corrupción o mantener a una casta política deben ser desterrados”, agregó.
Milei también derogó el decreto 1187 de 2012, que obligaba a los empleados públicos a cobrar los sueldos en el Banco Nación; y el 1189/12, que obligaba a comprar combustible y lubricantes a la petrolera de mayoría estatal YPF para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales, sin que el Estado pudiera compulsar precios más baratos.
También dio de baja el decreto 1191/12, que obligaba a funcionarios del sector público a comprar pasajes en la línea de bandera Aerolíneas Argentinas y en la empresa Optar, que Sturzenegger calificó de “unidad básica camporista”, en alusión a la agrupación peronista La Cámpora, fundada por Máximo Kirchner, hijo de los expresidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).
“Todos estos decretos implicaban una transferencia de recursos del contribuyente a estas empresas. Eso se acabó”, resumió.