São Paulo (EFE).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023) admitió este jueves que estudió la posibilidad de aprobar un decreto para ordenar una intervención militar en 2022, pero alegó que la medida no se puso en práctica y que estaría amparada en la Constitución.
Bolsonaro, a quien la Policía acusa de planificar un golpe de Estado, defendió la legalidad de las medidas que se estudiaron aplicar tras las elecciones que ganó el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una entrevista al portal UOL.
“El ‘borrador del golpe’ se basa en la Constitución. (…) ¿Discutir uno de los artículos de la Constitución es un crimen? ¿Se llevó adelante alguna de esas posibles propuestas?”, dijo Bolsonaro.
El líder de la ultraderecha detalló que, entre otras opciones, se discutió de la posibilidad de instaurar el estado de sitio y de ordenar un despliegue militar, al amparo de la carta magna.
El borrador de decreto, encontrado por la Policía en la residencia de un exministro de Bolsonaro, de ponerse en práctica habría autorizado un despliegue militar para “restaurar el orden Constitucional”.
El documento justificaba la intervención militar alegando que el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior Electoral tomaron decisiones inconstitucionales que afectaron a los comicios que ganó Lula.
Bolsonaro niega haber planeado un golpe de Estado
No obstante, Bolsonaro rechazó tajantemente haber tramado un golpe de Estado y negó conocer los planes supuestamente llevados a cabo por militares para asesinar a Lula y al magistrado del Supremo Alexandre de Moraes, quien está a cargo de varias causas contra Bolsonaro.
El exgobernante aseguró que no está en deuda con la Justicia por sus actos, pero no descartó que la Corte Suprema ordene su detención cometiendo una “arbitrariedad” en su contra.
“Corro riesgo (de detención), sin deber nada, corro riesgo”, dijo Bolsonaro, quien también respondió con ambigüedades sobre la posibilidad de pedir asilo político en una embajada extranjera.
“Las embajadas, por lo que veo en la historia del mundo, quien se ve perseguido puede ir para allá. Si debiera alguna cosa (a la Justicia), estaría en Estados Unidos. No habría regresado”, agregó.
Al margen, Bolsonaro aseguró que mantiene sus intenciones de ser candidato en las elecciones de 2026, a pesar de que el año pasado lo inhabilitaron políticamente por deslegitimar las instituciones democráticas y sembrar sospechas infundadas sobre el proceso electoral.
Además de Bolsonaro, la Policía presentó cargos contra otras 36 personas, entre ellas varios militares de alto rango y antiguos ministros de su Gobierno, por cargos como abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita.