Los Ángeles (EFE).- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) de EE.UU. está «considerando activamente» varias propuestas para ampliar su capacidad en las cárceles migratorias en al menos seis estados, incluyendo los dos con mayor población migrante, según informó este jueves la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU).
Las compañías GEO Group, CoreCivic y Management & Training Corporation (MTC) presentaron propuestas de contrato para ampliar la capacidad y construir nuevas instalaciones de detención en California, Kansas, Nevada, Nuevo México, Texas y el estado de Washington, de acuerdo con documentos obtenidos por ACLU bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA, en inglés).
La mayoría de las propuestas presentadas incluyen centros de detención con un largo historial de condiciones abusivas, según dijo ACLU en un comunicado.
Denuncias de condiciones abusivas
Los contratistas privados quieren reactivar el Midwest Regional Reception Center en Leavenworth (Kansas); el gobierno federal rescindió su contrato en 2021 con esta cárcel, anteriormente conocida como Leavenworth Detention Center, por las denuncias de condiciones abusivas.
El ICE también estaría recibiendo propuestas para reabrir el centro de detención de familias en Dilley, (Texas), que ha estado en el ojo del huracán tras la muerte de un infante de tan solo 19 meses.
A estos se suman proyectos de ampliación en el Centro de Detención del Sur de Nevada en Pahrump (Nevada), el Centro Correccional de California City (California) y dos cárceles en Nuevo México: el Centro Correccional del Condado de Cibola en Milan y el Centro de Detención del Condado de Torrance en Estancia, todas con investigaciones por deficiencias en la atención médica y malas condiciones.
Según la investigación de ACL, el ICE también estaría considerando tener más capacidad en otros tres centros de detención en Texas, dos más en California, uno en Washington, y uno en Illinois.
Interés conjunto del sector privado y la futura Administración Trump
Otras compañías privadas, incluidas Kastel Enterprises, LLC., y Active Deployment Systems, que brindan servicios para construir instalaciones temporales, y Sabot Consulting, que ofrece monitoreo de cumplimiento y dotación de personal para detención, también presentaron propuestas de servicio al ICE.
La información se revela a poco más de un mes de que el presidente electo, Donald Trump, regrese a la Casa Blanca y comience a cumplir con su promesa de deportaciones masivas.
Eunice Cho, abogada principal del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU, dijo en el comunicado que no se pueden tener deportaciones masivas sin una expansión significativa de la capacidad de detención de ICE en todo el país «y eso es exactamente lo que la administración entrante de Trump se está preparando para hacer».
Pero además, Cho ha cargado contra el Gobierno del presidente Joe Biden por -dice- «ayudarle» al republicano en su proyecto de cárceles migratorias en EE.UU. «En lugar de cerrar permanentemente los centros de detención abusivos, la administración Biden está allanando el camino para que el presidente electo cumpla con sus crueles e inhumanas propuestas».
El mes pasado ACLU ya había reportado que el Gobierno demócrata había abierto una convocatoria para expandir la capacidad del Centro de Detención Elizabeth en Nueva Jersey.