Washington (EFE).- El Gobierno estadounidense señaló este jueves que todavía no ha decidido a dónde deportaría al migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García en caso de que sea liberado y detenido de nuevo, pero un funcionario del Ejecutivo avanzó que México y Sudán del Sur podrían estar dispuestos a aceptarlo.
La cadena CBS News indicó que Thomas Giles, subdirector adjunto en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), declaró en una audiencia celebrada en Maryland, cerca de Washington, que Estados Unidos tiene acuerdos con esos dos países.
«No vamos a enviar gente a un país donde sea perseguido o torturado», añadió señalando que Ábrego García está siendo tratado «como cualquier otra persona».
Según CBS News, el destino final del migrante dependerá inicialmente del espacio disponible, por lo que no hay ningún plan establecido previamente, salvo el de detenerle de nuevo si llega a ser liberado a la espera de juicio.
Audiencia prolongada y nueva cita
La audiencia de este jueves duró cuatro horas y está previsto que haya una nueva este viernes a las 09:00 hora local (13:00 GMT).
Ábrego García se encuentra actualmente en una prisión de Nashville por presuntamente transportar a personas indocumentadas dentro de Estados Unidos.
El hombre, de 30 años, se ha declarado inocente y su defensa alega que está siendo perseguido por el Gobierno estadounidense para justificar el error que se cometió con su deportación a El Salvador.
Ábrego García residía en Maryland desde hace más de una década y huyó de El Salvador por las extorsiones y amenazas que él y su familia recibieron por parte de la pandilla Barrio 18, de acuerdo con documentos judiciales presentados por su defensa.
El salvadoreño formó parte de los más de 200 migrantes -en su mayoría venezolanos- que fueron expulsados de EE.UU. y enviados a la prisión de alta seguridad del CECOT en El Salvador sin posibilidad de apelar ante una corte, en lo que grupos en defensa de los derechos humanos han calificado como «desaparición forzada».
Ábrego García entró de forma irregular a Estados Unidos en 2012, siendo menor de edad, y aunque un tribunal de inmigración determinó en 2019 que era «deportable», un juez de asilo emitió una orden que lo protegía de ser enviado a su país natal debido a la persecución que sufría por parte de las pandillas.
Tras haber sido deportado por «error administrativo» del Gobierno, el pasado 6 de junio, tras más de dos meses en El Salvador, se anunció que lo habían llevado de vuelta a Estados Unidos para afrontar los cargos por tráfico de personas.