Guayaquil (Ecuador) (EFE).- La Revolución Ciudadana (RC), el movimiento político de la candidata correísta Luisa González, quien no aceptó los resultados que dieron el domingo la victoria al presidente Daniel Noboa, denunció este lunes -sin aportar pruebas- «irregularidades» durante la jornada electoral y exigió una «investigación inmediata e independiente».
Después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declarara como ganador de los comicios a Noboa con más del 90 % de las actas escrutadas y más de 10 puntos de diferencia, González aseguró, sin presentar prueba alguna, que el país estaba «viviendo una dictadura y el fraude más grotesco de su historia» y dijo que pedirían un recuento y que «se abran las urnas».
A pesar de ello, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Ecuador avaló este lunes los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y se ofreció a recibir cualquier documentación que quiera presentar González.
En un comunicado, la misión liderada por el excanciller chileno Heraldo Muñoz avaló los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que con un 97,33 % de actas escrutadas dan a Noboa un 55,65 % de votos válidos frente a un 44,35 % de González.
«Los datos arrojados por el Sistema Informático de Escrutinios y Resultados del CNE coinciden con la información compilada por los observadores de la OEA desplegados en el país», sostuvo la delegación de la OEA a cargo de seguir los comicios ecuatorianos, que tuvo a más de 80 personas desplegadas en el país.
Las críticas correístas
Al reclamo sobre los resultados se ha sumado el partido liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), que aseguró en un comunicado que había «evidencia concluyente de un fraude electoral sistemático».
«Miles de votos para Luisa González desaparecieron injustificadamente durante el conteo, mientras Daniel Noboa registró incrementos estadísticamente imposibles en numerosos recintos electorales», aseguró Revolución Ciudadana en su comunicado de este lunes.
Según el movimiento, que tuvo unos 47.000 delegados en los lugares de votación del país y no denunció irregularidades durante el transcurso de la votación ni del conteo de votos en mesas, hubo una presunta manipulación de actas electorales, ya que «decenas de actas oficiales sin firma ni validez legal certificaron exclusivamente resultados favorables a Daniel Noboa».
También denunció que la prohibición del uso de teléfonos móviles durante el sufragio que impuso el CNE por pedido del Gobierno se había realizado con el propósito de «impedir que los votantes pudieran demostrar gráficamente por quién votaron realmente». Sin embargo, esta restricción no impedía a los delegados de los partidos ni a los observadores acreditados usar el dispositivo en el momento que considerasen.
Además, la Revolución Ciudadana señaló que la presidenta del CNE, Diana Atamaint, había difundido «resultados preliminares favorables a Noboa antes de consolidarse oficialmente los datos», lo que, para el partido, manipuló la percepción ciudadana.
Sin embargo, cuando Atamaint salió a proclamar los resultados, ya se habían escrutado más del 90 % de las actas y ambos candidatos estaban separados por más de un millón de votos, lo que la presidenta del CNE calificó como una «tendencia irreversible».
El Gobierno de Ecuador niega dudas sobre las elecciones
El ministro de Gobierno de Ecuador, José de la Gasca, aseguró este lunes que «no hay dudas sobre los resultados electorales» de este 13 de abril, a pesar de los reclamos de la candidata González.
En una entrevista en el canal de televisión Teleamazonas, De la Gasca consideró que la medida de prohibir votar con el teléfono en la mano, impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a petición del Gobierno, fue «efectiva para cuidar la voluntad de los ecuatorianos».
La prohibición de usar teléfonos o dispositivos electrónicos durante el momento de votar fue impuesta después de que, tras la primera vuelta, Noboa denunciara -sin aportar pruebas públicamente- que hubo grupos criminales que habían extorsionado a electores para votar a favor de González, lo que supuestamente debían demostrar con una fotografía de su voto a favor de la candidata.
La medida contemplaba multas de hasta 32.900 dólares, que según constitucionalistas eran inaplicables, y era extensible a los miembros de la mesa electoral en el momento del escrutinio, excepto para el presidente de mesa que debía contabilizar los votos en el acta.
«Para nosotros era una prioridad siempre cuidar la democracia y cuidar la integridad del ecuatoriano al momento de votar, no solamente el proceso democrático desde un punto de vista formal, sino en su contenido, que se respete esa voluntad popular libre, sin coacción», apuntó De la Gasca.