Miami (EE.UU.) (EFE).- El salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado a El Salvador por «error» del Gobierno del presidente Donald Trump, se declaró este viernes no culpable en su primera audiencia tras volver hace una semana a Estados Unidos para afrontar cargos por presunto tráfico de personas.
Ante la Corte de Distrito central de Tennessee, en Nashville, el acusado negó ser culpable de los dos cargos que afronta, por conspiración para transportar migrantes indocumentados y por transporte ilegal de indocumentados, que anunció el viernes de la semana pasada la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.
Mientras ocurría la audiencia, cientos de personas protestaban fuera de la corte con consignas como «Liberen a Kilmar», «defiendan el debido proceso y los derechos humanos», «los inmigrantes hacen a Estados Unidos» y «abolir a ICE (Servicio de Inmigración y Protección de Aduanas), proteger a los inmigrantes».
Además, la esposa del salvadoreño, Jennifer Vásquez, también denunció la injusticia del proceso.
El caso de Kilmar Ábrego
«Nuestra familia nunca debería estar en esta situación, deberíamos estar con nuestros hijos. La mente mía y de Kilmar está ahorita mismo en Tennessee, pero nuestros corazones están en Maryland, con nuestros hijos», expresó la mujer ante los medios.
Esta es la primera audiencia tras el retorno hace una semana de Ábrego García, a quien la Administración de Donald Trump envió junto a 230 inmigrantes a El Salvador a pesar de tener un estatus que lo protegía de la deportación y de las órdenes de la Corte Suprema y una jueza de Maryland que concluyeron que su deportación fue ilegal.
Piden sanciones a Trump
El Ejecutivo estadounidense retornó a Ábrego García el 6 de junio, pero lo acusó de cargos federales de tráfico de personas que surgieron tras un encuentro del inmigrante con policías en Tennessee en 2022, cuando viajaba con varios presuntos indocumentados, según detalla el documento judicial.
Los abogados del salvadoreño han negado que su cliente sea culpable de esos cargos, que le valdrían una pena máxima de 20 años en la cárcel.
Asimismo, la defensa pidió esta semana a la Corte de Distrito de Maryland, origen del caso migratorio, sanciones al Gobierno de Trump bajo la Ley Federal de Procedimientos Civiles por las «repetidas violaciones del Gobierno a sus obligaciones», incluyendo el fallo de la Corte Suprema que exigía «facilitar» su retorno.