Por Natalia Kidd |
Buenos Aires (EFE).- El Gobierno de Javier Milei avanza hacia una nueva ola de privatizaciones en Argentina, con la apertura de diversos procesos para que el Estado venda o entregue en concesión activos en diversos sectores económicos clave.
“Todo lo que se pueda privatizar, se va a privatizar. Todo lo que pueda pasar al sector privado para que sea más eficiente, así se hará”, afirmó este miércoles el portavoz presidencial, Manuel Adorni, al anunciar la decisión del Ejecutivo de privatizar la empresa Belgrano Cargas y Logística, que opera tres líneas de transporte de cargas por ferrocarril.
Estas líneas férreas se entregaron a capitales privados en 1999, sobre el final del Gobierno del peronista Carlos Menem (1989-1999), artífice de la última gran ola privatizadora que vivió Argentina.
La lista de privatizaciones de Milei
Belgrano Cargas, que volvió al Estado en 2008 por problemas en la concesión, es una de las tantas empresas que el Gobierno de Milei busca privatizar.
Poco después de asumir la Presidencia argentina en diciembre pasado, Milei incluyó como “sujetas a privatización” a 41 empresas estatales dentro de un ambicioso proyecto de ley de desregulación económica, una lista que luego se rebajó a seis sociedades como parte de las negociaciones con la oposición para sacar adelante la norma.
En esa nómina acotada quedaron Energía Argentina (con activos en el sector eléctrico y del transporte y la comercialización de gas); Intercargo (servicios en los aeropuertos a las aerolíneas); Aguas y Saneamientos Argentinos (Aysa, servicios de agua potable y cloacas); Belgrano Cargas; Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse, trenes de pasajeros); y Corredores Viales (carreteras y autopistas por peaje).
Otras empresas a pasar de manos
La nueva ley también posibilita el ingreso de capital privado en Nucleoeléctrica Argentina (NASA, operadora de centrales nucleares) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT, operadora de una mina de carbón en el sur del país), aunque en ambos casos el Estado nacional queda obligado a mantener una participación accionarial mayoritaria.
De todo ese lote de empresas, además de Belgrano Catrgas, el Gobierno ya anunció que licitará las carreteras de Corredores Viales para que sean administradas por privados.
Semanas atrás también anunció que llamará a concurso para dar en concesión la operación de cuatro centrales hidroeléctricas cuyos contratos con privados ya están vencidos.
Asimismo, puso en marcha el proceso para vender la participación del Estado nacional (63,7 %) en la firma Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa) y prevé lanzar en los próximos meses la licitación para la concesión de la hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay, clave para la salida de buques de carga de varios países hacia el Atlántico.
Otra de las empresas que podría volver a manos privadas es Aerolíneas Argentinas, la mayor compañía aérea del país, cuya privatización ha sido impulsada por algunos sectores de la oposición que presentaron dos proyectos de ley con este fin en el Parlamento, iniciativas que el oficialismo apoya enfáticamente.
Achicar el Estado
Muchas otras empresas están en la mira del Gobierno, que mantiene férreas políticas de ajuste en las cuentas públicas, lo que implica, entre otras cosas, achicar el Estado, sea por la vía de la reducción de estructuras gubernamentales y administrativas, sea por la vía de las privatizaciones.
En este último caso, además, las ventas de empresas o la firma de contratos de concesión aportarán fondos frescos a las arcas de un Tesoro que, sí o sí, necesita incrementar sus ingresos en la lógica del ‘déficit cero’ que Milei defiende a ultranza.
“Todas las empresas del Estado se van a abrir a capitales privados y se someterán a procedimientos para restringir y finalizar completamente la participación estatal en las mismas”, afirmó este miércoles el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, al anunciar junto a Adorni la decisión de privatizar Belgrano Cargas.
Según datos oficiales, en las cerca de 45 empresas y sociedades del Estado trabajan 100.263 personas, unas 10.000 menos desde que se inició el Gobierno de Milei.
Los sindicatos que representan a trabajadores de las empresas sujetas a privatización ya han expresado en varias ocasiones su negativa a este proceso.