Lima (EFE).- La Justicia peruana ratificó este jueves la decisión de anular el juicio contra la líder política Keiko Fujimori por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016, en respaldo de una decisión del Tribunal Constitucional (TC).
Así, la Segunda Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial declaró infundada una apelación presentada por el fiscal José Domingo Pérez.
Tras la decisión tomada, el Ministerio Público deberá volver a elaborar parte de la investigación y presentar de nuevo la acusación, un proceso que, según expertos, puede demorarse entre un año y un año y medio.
Implicados en caso ‘cócteles’
Será entonces cuando un juez vuelva a decidir si abre juicio oral por el llamado caso ‘cócteles’, por el que Fujimori y otras 32 personas vinculadas a su partido, Fuerza Popular, son procesadas por los presuntos aportes ilegales a sus campañas electorales de 2011 y 2016.
Entre los supuestos aportantes está la constructora brasileña Odebrecht y varios conglomerados económicos peruanos, pero el partido fujimorista sostiene que los fondos fueron recogidos en una serie de cócteles de simpatizantes durante las campañas electorales.
El origen de la demanda por la que, finalmente, ha sido anulado el juicio oral es una decisión del Tribunal Constitucional, que anuló la acusación contra el exdirigente de Fuerza Popular José Chlimper, incluido en el caso.
La decisión se basó en que a Chlimper no se le permitió conocer oportunamente todos los cargos que se le imputaban, por lo que el TC ordenó que la Fiscalía emitiera una nueva acusación ajustada a procedimiento.
El tribunal también aseguró que había vicios en el auto de enjuiciamiento que hacían insostenible la continuidad del juicio.
La decisión adoptada hoy se sustenta en la consideración de que la decisión sobre el caso de Chlimper debía extenderse a todos los acusados.
Posible condena para Fujimori
«No se puede, en este caso, extirpar solamente para el señor Chlimper», argumentó la abogada Giulliana Loza en una audiencia el 6 de enero, antes de pedir al tribunal que «se sirva, en condición de establecer el efecto de la sentencia el TC», también para su defendida «a fin de no genera indefensión».
El juicio oral comenzó formalmente el pasado 1 de julio contra Fujimori y otros 45 acusados, a los que la Fiscalía les atribuye la presunta comisión de los delitos de organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en proceso administrativo, falsedad genérica y obstrucción a la justicia.
La Fiscalía ha pedido que la hija mayor del expresidente Alberto Fujimori, quien falleció en noviembre pasado, sea condenada a 30 años y 10 meses de prisión por haber recibido presuntos aportes ilícitos para sus campañas.
Fujimori dice que el juicio fue motivado por «venganzas políticas»
Keiko Fujimori reiteró que la investigación abierta por la Fiscalía por supuesto lavado de activos procedentes de presuntos aportes irregulares a sus campañas estuvo motivada por «venganzas políticas», tras conocerse que la Justicia anuló el juicio por ese caso, que deberá volver a una fase intermedia.
«Sé que nadie nos devolverá el tiempo sufrido, pero deseo con todo mi corazón que este caso sirva para que no se cometan más abusos en nombre de las ideologías y las venganzas políticas», indicó Fujimori en la red social X.
«Ha pasado casi una década desde el inicio de las investigaciones. De nuestra parte, siempre dimos la cara y colaboramos con la justicia. De la otra parte, solo recibimos abusos sistemáticos que nos llevaron incluso a perder la libertad», indicó la líder del partido fujimorista Fuerza Popular.
En este sentido, recordó que en su caso, estuvo en prisión más de un año de manera «injusta» (desde octubre de 2018 a noviembre de 2019) y «alejada de su familia».
«Lo dijimos una y otra vez: este juicio carecía de sustento fáctico, jurídico y probatorio. Hoy, la resolución que declara infundada la apelación del Ministerio Público confirma lo que siempre sostuvimos: este caso no tiene futuro», señaló su abogada, Guilliana Loza, en la misma red social.
Agregó que el caso fue construido «sin bases, sin acusación clara y sin respeto por los principios elementales del debido proceso» y fue diseñado para condenar a Fujimori «sin pruebas y sin garantías».