Ciudad de México, (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, avisó este viernes que denunciará a la jueza Nancy Juárez por ordenarle el jueves “sin sustento jurídico” que revoque la promulgación de la reforma para elegir por voto popular al Poder Judicial o afrontar hasta nueve años de cárcel.
“No vamos a bajar la publicación, número uno. Y número dos, vamos a hacer una denuncia de esta jueza ante el Consejo de la Judicatura”, manifestó Sheinbaum en su conferencia matutina.
La gobernante mexicano rechazó el fallo de la jueza del Décimo Noveno de Distrito en Veracruz, quien el jueves le ordenó eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma constitucional al Poder Judicial, que promulgó el 15 de septiembre el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
El Poder Judicial “no tiene ninguna injerencia”
El fallo estableció un plazo de 24 horas para Sheinbaum y el director del DOF, Alejandro López, o, de lo contrario, afrontar una pena de tres a nuevo años de prisión, una multa, y la destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo.
Pero la mandataria respondió que “la jueza no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación”, que instaura a partir de 2025 la elección popular de todos los jueces, magistrados y la Suprema Corte.
“Primero, porque no tienen ninguna atribución, porque una jueza no está por encima del pueblo de México y, segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo”, remarcó.
La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, aseveró que el Poder Judicial “no tiene ninguna injerencia” porque dos terceras partes del Congreso aprobaron la reforma a la Constitución.
Godoy aseguró que “la normatividad prevé expresamente la improcedencia del juicio constitucional, de los amparos y demás, en contra de las adiciones o reformas a la Constitución”, por lo que “un juzgador, por lo tanto, no se puede autofacultar para someter a revisión jurisdiccional una reforma constitucional”.
El Congreso y el Ejecutivo han ignorado los amparos que han presentado los trabajadores del Poder Judicial y los jueces desde la votación de la reforma judicial, al argumentar que no tienen atribuciones para detener una modificación constitucional.