Por Natalia Kidd |
Buenos Aires (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, afrontó este jueves una nueva huelga general, la tercera que convocan los sindicatos desde que el economista de ultraderecha llegó al Gobierno a finales de 2023 y puso en marcha un severo plan de ajuste que ha afectado a trabajadores y jubilados.
La nueva acción de protesta, lanzada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera de Argentina, se había iniciado este miércoles con una marcha en Buenos Aires en apoyo a los reclamos de los jubilados y se coronó este jueves con un cese generalizado de actividades en todo el país.
El acatamiento de la medida de fuerza fue dispar en la industria, los comercios -en muchos casos, atendidos por los propietarios- y las oficinas públicas, pero amplio en la banca y en sectores como la educación y la salud.
En el transporte de pasajeros, no operaron ni trenes ni el metro. La parálisis en la aviación fue casi total, pero la adhesión fue parcial en los servicios de ómnibus urbanos, que, por ejemplo, funcionaron en la capital argentina.
Grave ajuste
«Fue un éxito rotundo», aseguró en rueda de prensa Héctor Daer, uno de los líderes de la central obrera, al hacer un balance de la medida de fuerza.
La CGT, de raigambre peronista, convocó a la huelga en reclamo por las paupérrimas jubilaciones que cobra la mayoría de los retirados y para protestar por las presiones del Gobierno al sector empresarial para convalidar aumentos salariales muy por debajo de la evolución de la inflación.
«Estas presiones llevan a una caída de los ingresos de los trabajadores. El ajuste es profundo», advirtió Daer, quien sostuvo que «no puede existir una Argentina con precios libres y salarios pisados porque eso no tiene sustentabilidad social».
El año pasado, en un escenario de severo ajuste fiscal, el PIB de Argentina se contrajo un 1,7 %, con sectores como la industria, la construcción y el comercio como los más golpeados, y la inflación acumulada fue del 117,8 %.
La pobreza se situó en el 38,1 % en el segundo semestre de 2024 y la tasa de desempleo se ubicó en el 6,4 %, en el cuarto trimestre del año pasado, con un aumento de 0,7 puntos porcentuales respecto a igual período de 2023, con miles de puestos formales perdidos y una alta precariedad laboral.
Para el Gobierno, un «paro político»
El Gobierno de Milei, que ya había afrontado huelgas generales en enero y mayo de 2024, calificó la nueva medida de fuerza como un «paro político» llevado adelante por una «casta sindical» opositora que «deja sin trabajar a millones de argentinos».
«Es un paro que persigue intereses políticos y nada tiene que ver con los trabajadores. Es el tercer paro que le hacen a Milei frente a los cero que le hicieron a Alberto Fernández (2019-2023, Gobierno peronista)», dijo el Gobierno en una declaración difundida por el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
La huelga se realiza en la antesala de un año electoral clave, que se coronará en octubre con elecciones legislativas nacionales que pondrán a prueba el apoyo del electorado a las políticas de Milei, cuya imagen positiva ha bajado en los últimos meses, según diversos sondeos.
Impacto económico y la mirada empresarial
Según afirmó el Gobierno, esta nueva huelga le cuesta al país suramericano 880 millones de dólares.
Pero según un cálculo preliminar del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa, el costo económico de la huelga es de 194 millones de dólares, lo que equivale al 6,4 % de lo que se hubiera producido en el día sin un cese de actividades.
La Unión Industrial Argentina, la mayor entidad patronal del país, manifestó su preocupación por el impacto de la huelga en la economía e instó a sindicatos y al Gobierno «a retomar el diálogo como único camino para la resolución de conflictos».
Por su parte, la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, que reúne a pymes, dio su apoyo a la protesta sindical y advirtió en un comunicado que el ajuste impuesto por el Gobierno «está destruyendo el tejido económico y social», con «caída del consumo, pérdida del poder adquisitivo, asfixia impositiva, abandono del crédito productivo y desprotección total del mercado interno».