La relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, expresó su preocupación por la detención arbitraria de defensores de los indígenas en México y la larga privación de libertad contra al menos nueve de ellos, por lo que pidió la revocación de las penas y su libertad inmediata.
“No solo han sido criminalizados por sus actividades pacíficas y legítimas, sino que además son sometidos a penas de prisión muy largas o a detención preventiva prolongada, con la aparente intención de impedirles llevar a cabo su labor en favor de los derechos humanos”, manifestó Lawlor en un comunicado.
Lawlor mencionó las condenas de entre 20 y 58 años impuestas a Kenia Hernández, Tomás Martínez, Saúl Rosales, Versaín Velasco, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez, Juan Velasco y Agustín Pérez Domínguez.
“Fueron acusados injustamente de delitos como asesinato, en algunos casos incluso cuando no se encontraban en el lugar o zona donde se cometió el delito”, aseguró la relatora.
Las condenas de larga duración “representan una tendencia muy preocupante de uso indebido del derecho penal contra los defensores indígenas, muchos de ellos líderes de sus comunidades, con el aparente fin de limitar su capacidad de proteger a sus comunidades y defender los derechos humanos en general”, afirmó.
La experta de Naciones Unidas también citó el caso del líder zapoteca Pablo López, quien lleva 14 años detenido sin sentencia, y recordó que en 2017 el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que su privación de libertad no es acorde al derecho internacional.
Un décimo activista, David Hernández Salazar, fue condenado a 46 años y seis meses de prisión, aunque su sentencia fue revocada, algo que celebró la relatora, si bien subrayó que ello probaba que las acusaciones contra él habían sido fabricadas, “como parece ser también el caso de los otros nueve defensores”.
Con información de EFE