Por Daniel Zovatto, director-editor de Radar Latam 360
Este domingo 1 de junio,México celebrará unas elecciones sin precedentes a nivel nacional e internacional: la ciudadanía votará para elegir a los titulares de 881 cargos federales del Poder Judicial (quienes asumirán el 1 de septiembre de este año) y alrededor de mil 800 cargos estatales. En el 2027 se elegirá el otro 50% para completar una renovación total del poder judicial vía voto popular directo.
Este proceso, impulsado por la reforma judicial promovida por el ex presidente saliente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, busca someter a voto popular la designación de jueces, magistrados y ministros, incluyendo a la totalidad de los miembros de la Suprema Corte de Justicia.
A pesar de ser presentada como una medida democratizadora, diversas voces nacionales e internacionales —como un editorial de hoy de The Washington Post— advierten que esta reforma representa un riesgo crítico para la independencia judicial y la democracia mexicana.
I. Contexto político e institucional
La reforma judicial aprobada en septiembre de 2024 por el Congreso, con mayoría morenista, establece que todos los cargos del Poder Judicial federal sean electos por voto ciudadano. Esta medida —inédita en la historia de México y sin precedentes en las democracias del mundo— se aplica en medio de una coyuntura de hegemonía política de Morena y de alta popularidad de la sucesora de AMLO y actual presidenta Claudia Sheinbaum (77% de apoyo).
El gobierno justifica la reforma como un acto para limpiar la corrupción en el sistema judicial y acercarlo al pueblo. Sin embargo, voces críticas sostienen que, en realidad, el objetivo es alinear el poder judicial a los intereses del Ejecutivo, eliminando el último contrapeso institucional relevante al poder presidencial.
II. Preocupaciones clave
1. Pérdida de independencia judicial
Más de tres mil 400 aspirantes fueron registrados como candidatos, muchos con vínculos o respaldo del partido oficialista. Cerca de un tercio postulan al Tribunal de Disciplina Judicial, que podrá destituir jueces incluidos los de la CSJ. El control partidista de estas listas, según advierte el editorial de The Washington Post, erosiona la separación de poderes.
2. Instrumentalización del voto
La falta de información, la escasa campaña y las reglas opacas dificultan un voto libre e informado.
Votar por jueces, sin conocimiento de su trayectoria ni criterios profesionales, tiende a reproducir alineamientos políticos antes que fortalecer la justicia.
3. Incertidumbre en la participación
Las encuestas muestran que solo entre el 34% y el 27% de los electores consideran “muy probable” o “algo probable” acudir a las urnas. Más del 60% de los mexicanos creen que los resultados no serán representativos si no se supera una participación del 60%. No obstante, el antecedente de otras consultas (revocación de mandato 2022: 17.7%; juicio a expresidentes 2021: 7.1%) hace temer un escenario de baja legitimidad.
Otros analistas prevén una participación electoral muy baja, inferior al 20%.
El reto para Morena en este tema es mayúsculo, pues, aunque un buen número de mexicanos piensa que una reforma judicial era necesaria, una cifra bastante menor afirma que acudirá a votar.
El escenario de una baja convocatoria ha prendido las alertas entre el oficialismo, que ha puesto en marcha la maquinaria para la movilización del voto, mediante la contratación de operadores políticos y el reparto de “acordeones”, es decir guías que los votantes deben transcribir en la boleta. El reparto de esos instrumentos para apoyar a determinados candidatos a jueces es descarado. El INE, la autoridad que organiza los comicios, ha señalado que el uso de acordeones es “una vergüenza para la democracia” pero impedir su uso no será fácil.
Morena busca una elevada votación por dos razones: por un lado, para demostrar que la reforma judicial era una demanda popular, de abajo hacia arriba, y no una directriz impuesta por López Obrador y la actual presidenta; por otro lado, Sheinbaum conseguiría así un colchón para amortiguar los costos políticos de conformar una nueva Judicatura partiendo de la nada.
4. Limitaciones logísticas y presupuestarias
El INE ha visto recortado con fuerza su presupuesto, y por ello instalará apenas 84 mil casillas —cerca de la mitad que en la última presidencial. Esto, sumado a la complejidad del proceso (seis boletas distintas por votante, con múltiples códigos de color y niveles jurisdiccionales), puede provocar confusión, votos nulos y abstención.
5. Exclusión de poblaciones clave
Más de 90 mil personas en prisión preventiva y más de 184 mil mexicanos en el extranjero no podrán participar. Se trata, paradójicamente, de grupos directamente afectados por las decisiones judiciales. La falta de inclusión refleja un déficit democrático en el diseño de la reforma.
6. Falta de campañas y visibilidad de candidatos
Los postulantes no tienen acceso a financiamiento público ni privado y están prohibidos de hacer propaganda en medios. Solo pueden usar sus propios recursos (máximo 220 mil pesos) para difundir su candidatura en redes o mediante actividades locales. Esto ha provocado que los votantes identifiquen a los candidatos más por “número y color” que por méritos o propuestas.
III. Riesgos estructurales y geopolíticos
El editorial de The Washington Post arriba citado enmarca este proceso en una tendencia global de erosión democrática, comparando el caso mexicano con los de El Salvador, Bolivia, Nicaragua, Turquía, Filipinas, Zimbabue y Hungría. México, advierte el WP, está a punto de seguir el mismo camino, eliminando su último contrapeso institucional: el Poder Judicial.
Además, alerta sobre posibles impactos económicos negativos: el debilitamiento de la justicia puede desalentar inversión extranjera, complicar la resolución de disputas comerciales bajo el T-MEC, y obstaculizar la lucha contra el crimen organizado si el sistema judicial cae bajo captura partidaria o criminal.
IV. Debate público y polarización
La sociedad civil, la academia y la oposición están profundamente divididas. Algunos sectores llaman a abstenerse, denunciando la ilegitimidad del proceso. Otros, incluso críticos de la reforma, proponen participar para intentar contrarrestar la movilización de Morena y colocar perfiles más técnicos e independientes.
Claudia Sheinbaum ha llamado insistentemente a votar, consciente de que la legitimidad de origen del nuevo Poder Judicial dependerá en buena medida del nivel de participación.
Para sectores críticos la paradoja no podría ser mayor: el éxito electoral de una reforma que supuestamente erosiona la democracia dependerá, precisamente, de cuánta ciudadanía participe en ella.
V. Reflexión de cierre
México se enfrenta mañana domingo a una decisión histórica que redefine el equilibrio de poderes.
Aunque la reforma judicial se presenta como un avance hacia la democratización del sistema de justicia, los riesgos de captura partidaria, debilitamiento institucional y pérdida de independencia judicial son sustanciales.
Como advirtió Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, el voto popular para elegir jueces pondría en riesgo la independencia judicial del país.
En efecto, en mi opinión, lejos de resolver problemas estructurales como la ineficiencia o la corrupción, un poder judicial dominado por intereses partidistas o de otros grupos de poder, podría incluso agravarlos.
Como bien expresa el WP: “Elegir jueces mediante voto popular no hará mucho para resolver estos cuellos de botella. Lo que sí hará es eliminar el único contrapeso que queda al poder del Ejecutivo en México. A lo largo de los seis años de presidencia de López Obrador, los tribunales han sido la única entidad capaz de interponerse en su camino, bloqueando una variedad de iniciativas presidenciales”.
Resumiendo: En un entorno regional de retroceso democrático, esta elección podría consolidar a México como una “autocracia electoral” —como han alertado medios y analistas mexicanos e internacionales— o abrir un camino aún más complejo hacia la restauración del Estado de Derecho.
Por todo ello, es mucho, muchísimo lo que está en juego. La independencia judicial es esencial para una democracia saludable. No hay democracia de calidad sin la plena vigencia de un auténtico Estado de derecho.